En un movimiento que marca un giro histórico en la política digital del país, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México ha oficializado su Plan Nacional de Ciberseguridad este 4 de diciembre de 2025. La presentación no solo consolida la ciberseguridad como una política de Estado de carácter transversal (2025–2030), sino que también es un aviso directo al sector privado: la regulación está en camino.
Lo más relevante aquí no es la intención, sino el compromiso de ejecución. El Plan cuenta con el espaldarazo de organizaciones de peso (como los consultores del BID y la OEA) y promete reestructurar la defensa del Estado. El corazón de esta transformación es la futura Ley General de Ciberseguridad. Cuando esta normativa vea la luz, no habrá escapatoria: proporcionará el peso legal necesario para imponer medidas obligatorias y, sí, sanciones, elevando la vara de exigencia para toda entidad pública.
La directora general de Ciberseguridad, Heidy Rocha Ruiz, subrayó que el Plan aborda desde las tensiones geopolíticas hasta el desafío del talento y el uso dual de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de atacantes y defensores. Sin embargo, el punto más relevante es el anuncio de una futura Ley General de Ciberseguridad. Esta normativa no solo ordenará las responsabilidades del gobierno federal, sino que impondrá obligaciones legales, responsabilidades y posibles sanciones a las empresas privadas que gestionen servicios esenciales (finanzas, salud, energía) o grandes volúmenes de información sensible.
Rocha Ruiz insistió en un punto crucial: esta es la primera política transversal del país. Traducido: la seguridad ya no es solo cosa del Gobierno; obliga a una colaboración forzosa y activa con la academia y, sobre todo, con el sector privado.
Esto significa que, en el corto plazo, las empresas deberán invertir urgentemente en diagnóstico de vulnerabilidades, gobernanza de seguridad y planes de respuesta a incidentes, ya que el cumplimiento normativo dejará de ser opcional. México, con este Plan, no solo busca proteger al Estado, sino elevar de manera forzosa el estándar de seguridad de todo su ecosistema productivo.